La CNDH y la
exigibilidad del derecho a la educación
El recurso a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos equivalentes en las entidades
federativas está abierto para hacer efectivo este derecho en una forma de
tutela no jurisdiccional. Hay que tomar en cuenta que en estos organismos “la
procedencia de las quejas no depende de principios tan estrictos como los del
juicio de amparo, aunque también se limita a autoridades t servidores públicos”
en los últimos siete años, el doctor José Luis Soberanes, presidente de la CNDH
ha emitido 29 recomendaciones relacionadas con los servicios educativos. Sin
embargo sólo once se refieren estricta y directamente al derecho a la
educación; las demás versan sobre abusos sexuales contra alumnas o alumnos,
violaciones al derecho de protección de la integridad, a los derechos de los maestros o trabajadores
de instituciones educativas. Respecto a las quejas recibidas por la CNDH, en su
último Informe Anual, se registran 167 clasificadas dentro del rubro “Negativa
o inadecuada prestación del servicio publico en materia educativa” y, en el
listado de “Autoridades presuntamente responsables”. En todo caso, es deseable
que la CNDH utilice los principios de interpretación de normas sobre derechos
humanos, provenientes del derecho internacional, para extraer de su contenido
la mayor protección posible de los individuos agraviados, cabe recordar que la
CNDH tiene facultad para iniciar quejar y emitir recomendaciones informes
especiales motu propio, es decir sin
que medie petición alguna, hasta ahora no lo ha hecho en esta materia.
El derecho internacional
El orden jurídico del país se ha
abierto crecientemente a la legislación internacional sobre derechos humanos.
Sin embargo como señala un juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos,
el mexicano Sergio García Ramírez, “para fortalecer esta corriente aún es
necesario emprender acciones tales como la reforma constitucional que provea un
puente claro y transitable entre el sistema internacional y el sistema nacional
de tutela; leyes de implementación de recomendaciones y sentencias;
jurisprudencia cada vez más abierta respecto al sistema internacional de
protección; políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos, etc.
La exigibilidad: el camino por delante
Las precariedades que muestra
actualmente la exigibilidad del derecho a la educación podría llevar a concluir
que éste es todavía, más que un derecho real, una aspiración simbólica a una
metáfora. No es así se trata mejor dicho de un proceso gradual que debe avanzar
hacia la plena exigibilidad. Cabe mencionar algunas acciones recomendables de
los diversos actores: Gobiernos federal,
estatales y del distrito federal: a) Revisar sus políticas y programas. N)
emprender una revisión del artículo tercero constitucional. Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación: a) Desarrollar indicadores que midan explícitamente los avances
en la realización efectiva del derecho a la educación. B) Desarrollar un
subconjunto de indicadores que establezcan los “mínimos obligatorios” en la realización
de este derecho. Suprema
Corte de Justicia de la Nación: emprender una revisión crítica de su escasa
jurisprudencia. Congreso de la Unión:
emprender una revisión a fondo de la
actual legislación educativa. Comisión
Nacional de los Derechos Humanos: Atender eficazmente las quejas que reciba
por violaciones a este derecho.
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